Quién se ocupa de la vivienda?

La puerta de hierro de la planta baja está abierta. Solamente hay que empujarla un poco para poder pasar. Una escalera de mármol conduce directamente a un primer nivel. Los techos son altos y los pies apoyados sobre el piso de madera vibran a cada paso de un colectivo por la puerta de la vieja casona ubicada en Anchorena 76. El hall al que se accede da a varias habitaciones y pasillos e incita a los más prudentes a esperar alguna señal antes de elegir el destino. Un mural de una manifestación muy colorida decora el ambiente. Desde allí, los rostros curtidos de muchas personas nos observan y enarbolan banderas con las mismas consignas: “CIBA, no a los desalojos”. El llamado de una voz cálida interrumpe el silencio base conformado por el sonido del tráfico y las voces de varios niños que se adivinan en habitaciones aledañas. Nos saluda uno de los hombres de la pared.

-Qué tal, soy Jorge. Pasá por acá.

Jorge Abasto es miembro de la dirección de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), una organización social que lucha por el derecho a la vivienda digna. Un principio que forma parte tanto de la Constitución Nacional, como la de la Ciudad de Buenos Aires “aunque en la práctica no esté reglamentado y, por tanto, el Estado no lo garantice”.

¿Quienes forman parte del CIBA?

En este momento, en la organización habrá unas 450 o 500 familias organizadas. Somos fundamentalmente inquilinos pobres de la ciudad, habitantes de hoteles, inquilinatos, y también los llamados “ocupantes”. Desde la Coordinación organizamos a los compañeros con problemas agudos de vivienda para luchar por una vivienda digna y propia. En ese marco, mientras se lucha por hacer valer nuestro derecho, hay peleas más circunstanciales como la de evitar un desalojo. Los pobres también tenemos derecho a acceder a una casa propia.

¿Cómo es la situación actual de vivienda?

Hay un problema agudo de vivienda en la Argentina y particularmente es más importante en la Ciudad de Buenos Aires. Las propias autoridades del Gobierno de la Ciudad reconocen que hay 90.000 familias en emergencia habitacional. Esto equivale a alrededor de 500.000 personas en situación de vivienda precaria, en condiciones de hacinamiento, que están en peligro de desalojo, o que cumplen con todas las condiciones enumeradas anteriormente. Aquí se cuenta a la gente que vive en las villas tradicionales, asentamientos precarios, hoteles o inquilinatos. El año pasado hubo 6.000 familias desalojadas. Alrededor de 30.000 personas que en su mayoría ya no pudieron reinsertarse en la ciudad. Esto es un desplazamiento masivo de población que se da solamente en situaciones de guerra o de catástrofes naturales. Por eso nosotros decimos que lo que hay es un guerra contra los pobres, una ola de expulsión de los pobres de la Ciudad.

Este desplazamiento genera consecuencias en la vida de las familias

Las familias que viven aquí tienen organizada toda su vida en su lugar: el colegio de los chicos, el comedor, la beca, la changuita de la madre o el padre, el círculo familiar que te asiste en situaciones de emergencia, etcétera. Por eso nosotros reivindicamos el derecho a vivir en la Ciudad.

¿Cuáles son las causas que impulsan esta tendencia?

Hay dos factores que entendemos como determinantes. Por un lado, el incremento del precio de la propiedad que triplica el índice inflacionario del resto de los bienes. Por el otro, el turismo también se ha convertido en un factor en juego. El negocio inmobiliario, que hoy en día es muy redituable, está por encima del derecho a la vivienda

Los desalojos en los últimos años han ido creciendo, ¿a qué se debe este fenómeno?

La cuestión judicial en torno a los desalojos está cambiando. Hace diez años, los juicios podían durar hasta siete años. Hoy en día, hemos tenido causas en que desde la presentación de la demanda por parte de los dueños hasta la efectivización del desalojo han pasado tres meses. Esto no sucede en ningún otro ámbito de la justicia. Algunos podrán decir que esto demuestra que la justicia está trabajando bien, pero lo que no ven es que esta reducción abismal de tiempos está violando el derecho a la defensa de la gente.

¿Esto es legal?

Nosotros hemos planteado la inconstitucionalidad de los artículos 680 bis y 684 bis del código procesal que son los que plantean los abogados en los juicios de desalojo. Según éstos, un juez puede producir un desalojo anticipado aún cuando el juicio sigue su proceso. Es decir que se toma la decisión de sacar por la fuerza a los habitantes incluso antes de citarlos a indagatoria. Esto les impide ejercer el derecho de defensa. Creemos que en esto hay detrás una cuestión racial o étnica. Si el edificio en juicio fuera de Barrio Norte, seguramente el juez tomaría mayores precauciones, investigaría más, pero como en la mayoría de estos conflictos son gente humilde o inmigrante, el juez decide abreviar los tiempos y salen los desalojos.

¿ Cuál es la situación de los denominados “ocupantes”?

La mayor parte de las casas ocupadas son parte de un fenómeno muy perverso dominado por algunas mafias. Estas arreglan con la policía una zona liberada, abren las casas, venden las habitaciones a familias y una vez que juntaron buena plata, se retiran y los habitantes se encuentran luego con un juicio penal por usurpación. Esto implica no solamente el desalojo de la casa, sino que además los habitantes pueden ir presos.

¿Cómo se combate la imagen construida en relación a los ocupantes?

Para nosotros es importante difundir esta realidad para contrarrestar la imagen que predomina en los medios oligopólicos. El discurso del ocupante ilegal que acompaña esta oleada de desalojos y la aceleración de los juicios genera un consenso social que se retroalimenta en esta coyuntura y que es necesario romper.

El teléfono suena por cuarta vez desde que ha comenzado la charla. Son miembros de la Coordinadora que preguntan por cuestiones relativas a su situación habitacional. La interrupción es aprovechada por un chico que saluda a Jorge y le pregunta si puede estudiar allí porque en su casa está su mamá con sus hermanas y no puede concentrarse. Jorge asiente. “La situación de hacinamiento es terrible y acá también la vivimos”, nos comentará luego. En el local del CIBA viven actualmente cuatro familias de manera transitoria. Los pies siguen vibrando a cada paso de un colectivo, las palabras de Jorge aún retumban en los oídos “Luchamos por nuestros derechos, pero en el camino, hacemos lo que podemos.”